La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, un órgano que se reúne trimestralmente, acordó pedir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la apertura de otro expediente a José Luis Escañuela
y Olvido Aguilera, presidente y presidenta en funciones de la
Federación Española de Tenis, “ante la gravedad de los hechos
presentados”.
Solicita, además, que la apertura vaya acompañada de “la suspensión
automática de funciones para ambos cargos federativos”. Lo que supone,
de facto, la intervención de la Federación por parte del CSD descabezando a la cúpula directiva. Aunque aún debe actuar el TAD, la inhabilitación se puede dar por hecha. Miguel Cardenal admitió haberse comunicado ya con el Tribunal “para que se reúna de la manera más urgente posible”.
La Comisión está facultada por la Ley del Deporte para “suspender motivadamente (...) al presidente
y demás miembros de los órganos de gobierno de las Federaciones” en
caso de faltas graves como “la incorrecta utilización de los fondos”.
Pero se optó por la vía del TAD, que ya había apartado un mes a Escañuela por “obstruir” al CSD
y ahora ampliará la suspensión indefinidamente a él y a Aguilera, sobre
la que pesa una denuncia de varias territoriales por nombramiento
ilegal. Entró en la RFET a dedo.
Siguen en curso las investigaciones sobre las cuentas de la Federación
(se duda del desvío de 700.000 euros a Observatorio y Fundación) y el
nombramiento de Gala León, dos expedientes que están en el TAD.
Tras la Comisión, Miguel Cardenal se reunió con los presidentes de 15 de las 19 federaciones
territoriales (faltaron Asturias, Canarias, Ceuta y Murcia). “Vamos a
pedir formalmente que dimita Escañuela”, expresó Antonio Martínez
Cascales (Valencia). Cardenal les urgió a “tomar la responsabilidad” de
enderezar la RFET. Se descartó una moción de censura, por lo complejo y
la premura de tiempo después de que Escañuela modificara los estatutos
complicándolo. En 2016 (año olímpico) no se pueden presentar mociones.
Así que la ruta marcada es esperar a una inhabilitación, constituir una
comisión gestora e intentar pacificar el tenis hasta unas nuevas
elecciones. “La capitana de Davis ahora no es una prioridad”,
advirtieron.
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